CONVOCAR AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO, TRABAJO, JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, DR. JORGE O. TOBARES
PROYECTO 6600
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-368/09
Presentado el día 23 de octubre de 2009
COFIRMANTES: KOGAN, Ariel Gustavo - INAUDI, Marcelo Alejandro - BENÍTEZ, Tomás Eduardo – Bloque Concertación Neuquina para la Victoria.-
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1° Convocar al señor ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, doctor Jorge O. Tobares, en los términos del artículo 224 de la Constitución Provincial, a informar a esta Honorable Legislatura Provincial sobre su actuación en la ocupación de tierras fiscales linderas al aeropuerto de la ciudad de Neuquén -por parte de un grupo de docentes del CPEM 49 de esta ciudad, ocurrido el día 28 de noviembre de 2008-, en sesión especial cuya fecha será oportunamente determinada y notificada con la debida antelación.
Artículo 2° Comuníquese al señor ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos.
FUNDAMENTOS
Con fecha 28 de noviembre de 2008, en horas de la mañana, se produce una “toma” de terrenos fiscales frente al aeropuerto de la ciudad de Neuquén, sobre calle Zeballos.
A raíz de la ocupación del terreno fiscal se inició una investigación penal ante el Juzgado de Instrucción N° 6 de esta ciudad (Expte. N° 21.192/08 caratulado “Comisaría N° 12 s/Investigación usurpación”).
Constituido personal de la Comisaría Nº 12 en el lugar constatan a las 10,30 hs de ese mismo día, que un grupo de personas se había asentado en el lugar y estaba procediendo a alambrarlo, refiriendo al personal policial que “tenían autorización del ministro Tobares” para ocuparlo.
En declaraciones radiales del día 23/10/09, el delegado de la toma Juan Carlos Baldebenito ratificó la autorización del ministro Tobares para ocupar el terreno (Programa Código Urbano, conducido por Alejando López, FM La red).
Esta curiosa “autorización ministerial” se pone de manifiesto si se considera que el mismo día de la usurpación (28/11/08), la Cooperativa “Nuestro Sueño Neuquino” le informa al ministro Tobares que “ante la desesperación de ver usurpado este terreno y sentir el peligro de pérdida del lugar que hemos presentado como propuesta, nos vimos obligados a tomar la decisión de resguardarlo con el objetivo de evitar que el mismo sea tomado, el cual lo hemos cercado precariamente por carecer de suficientes recursos que nos permitan darle mayor seguridad y todos nosotros estamos preservándolo” (fs. 6 del expediente penal). Es decir, para evitar que fuera “tomado”, lo tomaron ellos.
¿Qué hizo el ministro Tobares ante la inminencia de una ocupación ilegal de un terreno de propiedad del Estado provincial? Lo que hizo fue lo siguiente: en la misma fecha en que se cristaliza la ocupación del terreno (28/11/08), liderada por la señora Isabel Amelia Miere, directora del CPEM 49 de esta ciudad, el propio ministro de Gobierno, Educación y Cultura, doctor Jorge Tobares, remitió una nota al director provincial de Tierras, señor Luis Martínez, haciéndole saber que:
“Un grupo de docentes del CPEM 49 ha presentado solicitud a efectos de adquirir terrenos en el predio fiscal ubicado en la zona aeropuerto, detallando las coordenadas del inmueble.
Este Ministerio, siempre y cuando se den las condiciones legales y técnicas, está considerando la viabilidad de acceder al pedido efectuado, quedando pendiente hasta el momento verificar aspectos de tipo técnico.
Sin perjuicio de ello, es que le solicito se proceda a la reserva del predio identificado precedentemente, sin que se le asigne otro destino por el momento.
Asimismo le informo que en virtud de haber tomado intervención la ADUS en la atención de las necesidades planteadas por este grupo de personas, se ha encomendado a la Dirección General del Plan Social del Desarrollo Urbanístico de ese organismo la mensura del predio.
Todo ello con la finalidad de realizar las correspondientes subdivisiones y poder continuar con los trámites necesarios a efectos de dar respuesta oportuna a la solicitud efectuada.”.
Firma la nota -de fecha 28/11/08- el ministro Jorge Tobares, según surge de la foja 67/68 del expediente labrado ante el Juzgado de Instrucción N° 6. Mientras Tobares firmaba la nota los docentes ocupaban y cercaban el predio invocando -curiosamente- la autorización del mismo.
De lo que se desprende que el propio ministro Jorge Tobares habría autorizado expresamente la ocupación de un espacio público a un grupo de docentes para alambrarlo y realizar la construcción de viviendas, transgrediendo toda la normativa vigente sobre otorgamiento de soluciones habitacionales, invádiendo competencias propias de otro ministerio, violentando los requisitos para el emplazamiento de objetos en zona de influencia de aeropuertos, fomentando con su accionar un inútil desgaste policial y jurisdiccional, y propiciando con ello la cultura de la “toma”, sin siquiera advertir que el lugar autorizado obstaculiza y penaliza la calle establecida en planificación de emergencia que debiera utilizarse para el ingreso y salida de vehículos de emergencia en contingencias aéreas, esto es, la circulación rápida e inmediata hasta un punto estratégico (pista principal) de camiones de bomberos y ambulancias; según da cuenta el informe presentado por el jefe del Aeropuerto Neuquén, My. Gabriel Fernando Maldonado (fs. 32/33 del expediente penal) en el que recomienda la utilización de ese espacio sólo para recreación (espacio verde, centro deportivo, etc.), no viviendas permanentes, ya que es un predio muy cercano a las operaciones aéreas y de alto riesgo.
La Cooperativa de Vivienda “Nuestro Sueño Neuquino”, que se conformaría con personal docente del CPEM 49 de esta ciudad, ni siquiera estaba inscripta como tal a la fecha de las gestiones del ministro Tobares, según da cuenta el informe de la Dirección Provincial de cooperativas y Mutuales (obrante a fs. 49/50 del expediente penal). Días después, el 3/l2/08 ingresaron vía mail a esa repartición los borradores de acta y estatuto de la mencionada cooperativa, según da cuenta el informe del director provincial de Cooperativas y Mutuales contador Oscar Alberto López (fs. 49).
Con fecha 5 de noviembre de 2008 (23 días antes de la autorización ministerial y de la toma), el Bloque del Movimiento Popular Neuquino ingresa a esta Honorable Legislatura Provincial el proyecto 6233, Expte.D-478/08, proponiendo la creación del Registro Único de Viviendas, de lotes sociales y de mejoramientos, para reglamentar el acceso a la población a una vivienda digna. En sus fundamentos se lee: “... se hace necesario la creación de un Banco de Tierras que articule entre la Provincia y los municipios a efectos de poder desarrollar políticas de loteos sociales para sectores de la sociedad que no pueden de otra manera acceder al lote propio.”, destacando la necesidad de crear un banco de datos para mejorar la información. Rápidamente este proyecto se convirtió en Ley 2638, sancionada un mes después de su presentación, el día 11/12/08. Es decir que mientras los diputados del Movimiento Popular Neuquino propiciaban la creación de un Registro Único de solicitantes para regularizar y transparentar la entrega de lotes, el ministro autorizaba ocupaciones ilegales.
La propia Ley de creación del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (Ley 1043), en su artículo 13 establece la obligación del IPVU, a través de la Dirección de Servicios Sociales, de mantener un registro estadístico sobre oferta y demanda habitacional, la evaluación de las necesidades habitacionales y las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo, el estudio de las características socioeconómicas y culturales de la demanda, el estudio de la localización de los planes de viviendas, efectuar la inscripción de los solicitantes en los libros que se lleven al efecto, realizar encuestas socioeconómicas a los solicitantes inscriptos y sus grupos familiares, estudiar y calificar los resultados obtenidos, etcétera. El mismo temperamento fue el que justificó la sanción de la Ley 2638.
Todos estos procesos de planificación y selección de los postulantes tendientes a transparentar el otorgamiento de las soluciones habitacionales han sido soslayados por completo por la actitud del señor ministro, autorizando “tomas”, pidiendo la “reserva” del inmueble ocupado y disponiendo -a su antojo- la realización de las mensuras y subdivisiones de los terrenos usurpados -según sus propias palabras- “a fin de dar respuesta oportuna a la solicitud efectuada.”.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que esos terrenos estaban destinados a espacio de recreación y esparcimiento, según convenio suscripto el día 17 de setiembre de 2003 entre la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia y la Comisión Vecinal de Colonia Valentina Norte Urbana, cuya copia obra a fs. 102 del expediente penal.
Del mismo expediente surgen los reiterados reclamos de parte de la Comisión Vecinal, avalado por numerosas firmas de vecinos que observaban atónitos la ilegítima ocupación efectuada bajo la supervisión del ministro Tobares.
Esta actuación ministerial originó, en definitiva, el archivo del expediente penal por la presunta usurpación. Al respecto, los fiscales doctores Gloria Lucero y Horacio Maitini afirman, al peticionar la conclusión y el archivo de las actuaciones, que la ocupación no fue clandestina ya que “conforme la nota obrante a fs. 6 pusieron en conocimiento del señor ministro de Gobierno la actitud que llevarían adelante. Y el propio ministro conforme a la nota de fs. 67/68 ya transcripta solicitó la reserva del predio a la Dirección Provincial de Tierras, siempre y cuando las condiciones legales lo permitan (fs. 132/134 del expediente penal)”, criterio fiscal que fue compartido por el juez que dispuso el archivo.
Las razones apuntadas, de innegable trascendencia institucional, ameritan la convocatoria a sesión especial y comparendo del ministro a brindar las explicaciones del caso.
